Deportaciones y aranceles, el combo que amenaza con encarecer las viviendas en EE.UU.
Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
El sector de bienes raíces en Estados Unidos se ve afectado por dos ejes clave del Gobierno del presidente Donald Trump que impactan especialmente los costos de construcción: la imposición de aranceles y la campaña de deportaciones masivas, que en conjunto podría exacerbar aún más la crisis de asequibilidad de la vivienda.
“Los aranceles y las deportaciones tendrán efectos separados que se refuerzan mutuamente”, explicó a CNN el investigador Michael Clemens, profesor de la Universidad George Mason, especializado en efectos económicos de la migración.
“Es particularmente grave en el sector por la rápida eliminación de puestos de trabajo y la dependencia de insumos importados”, destacó.
El presidente Trump impuso aranceles del 25% al acero y aluminio importados a EE.UU., pero no son los únicos materiales de construcción envueltos en la guerra comercial.
La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés), estima que en 2024 el 7% de los materiales usados en la construcción de viviendas familiares fue importado. Uno fundamental es la madera blanda, valorada por su ligereza, trabajabilidad y resistencia. Aproximadamente el 30% de la utilizada por año en EE.UU. proviene de Canadá.
Además de los aranceles que aplica Trump, el Departamento de Comercio ya planeaba aumentar del 14,4% a un 34,45% los gravámenes antidumping sobre la madera blanda canadiense, según documentos en el Registro Federal de EE.UU.
Se conoce como “dumping” a la práctica de vender un producto en un país a un precio inferior al que se cotiza en el mercado del país exportador, y es considerado una “situación de discriminación internacional de precios”, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el caso de los aranceles a la madera canadiense, esto obedece a una larga disputa entre ambos países, en la que Estados Unidos afirma que la industria maderera canadiense está subvencionada por el gobierno.
Las construcciones también utilizan una considerable cantidad de cal y yeso. En 2023, México aportó el 71% de las importaciones de estos materiales a EE.UU.
La NAHB estima que los aranceles propuestos por Trump, con posibles variaciones, podrían subir el costo de los materiales importados en miles de millones de dólares, con algunos aumentos “dramáticos”. Eso “haría más difíciles las condiciones de asequibilidad de la vivienda”, dijo a CNN Robert Dietz, economista jefe de la Asociación.
El impacto no demora en hacerse notar. El Índice del Mercado de la Vivienda de NAHB/Wells Fargo de abril, publicado este miércoles, arrojó que el 60% de los constructores consultados respondió que sus proveedores han aumentado los precios un 6,3% en promedio, en respuesta a los aranceles aplicados o anunciados. “Esto significa que los constructores calculan que el aumento promedio en el costo de cada vivienda por las recientes medidas arancelarias es de US$ 10.900”, señala el informe.
El portal de bienes raíces Realtor.com publicó a inicios de mes, tras el anuncio de aranceles de Trump, que “la asequibilidad es el principal reto para los futuros compradores, por lo que todo lo que aumente el coste de la vivienda no hará sino agravar los problemas actuales del mercado inmobiliario”.
“No necesitamos los productos” de Canadá, dijo Trump en el Despacho Oval en febrero. “Tenemos todos los árboles” que la industria estadounidense necesita, agregó. En marzo, firmó una acción ejecutiva para expandir la producción de madera y abrió a la tala la mitad de los bosques nacionales del país, una medida criticada por sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
Algunos miembros de la industria maderera están de acuerdo con el aumento de aranceles y afirman que nivelarán la competencia con sus pares canadienses. Jason Brochu, copresidente de Pleasant River Lumber en Maine, dijo a CNN que sus dos fábricas funcionan al 60% de su capacidad y que, si sube la demanda, podría aumentar su plantilla laboral y su producción en cuestión de meses.
Sin embargo, Dietz, advirtió que una expansión no es posible de la noche a la mañana, ya que requiere aprobaciones regulatorias para la apertura de aserraderos y la infraestructura para transportar las cargas.
Más de un tercio de los trabajadores de la construcción nacieron fuera de EE.UU, según datos de 2023 de la Oficina del Censo, que no incluye preguntas sobre el estatus migratorio. El Foro Nacional de Inmigración, una organización que aboga por una reforma en el sector, calcula que los trabajadores indocumentados constituyen casi una cuarta parte de la mano de obra de la construcción en el país.
“(Los inmigrantes) son el corazón de la industria de la construcción, juegan un rol crucial que no es llenado por la mano de obra local”, resaltó Clemens, de la Universidad George Mason.
Señala que, aunque son conocidos como trabajos poco calificados, son puestos que requieren un grado de instrucción, como las tareas de entramado, techado, revestimiento o mampostería, y que no son fácilmente reemplazados por mano de obra local, lo que resulta en menos proyectos, afectando toda la cadena de producción, desde los arquitectos y los obreros hasta los vendedores finales.
“Algunos trabajadores nativos pueden estar disponibles, pero cualquier sustitución está sobrepasada por las pérdidas, y quedan menos oportunidades”, dijo. Con una tasa de desempleo en EE.UU. que continúa cerca del 4%, Clemens ve poco probable que ciudadanos estadounidenses opten por trabajos que habitualmente son físicamente demandantes y no son bien remunerados en comparación con otros empleos.
El profesor apuntó que el impacto económico en el mercado inmobiliario no es una hipótesis, sino que está documentado con una exhaustiva investigación de 2024 sobre las deportaciones realizadas durante la administración de Barack Obama (2009-2017). Según los autores, las ciudades donde se implementó el programa Secure Communities sufrieron una reducción de los empleos del sector, una ralentización de la construcción residencial y un aumento de los precios de viviendas nuevas, sin hallar evidencia de que aumenten los salarios del rubro.
Clemens también explicó que los efectos negativos, tanto para los trabajadores nativos como los inmigrantes, se notan en los reportes anuales inmediatos a las medidas. “Es cuestión de meses, no de años”, aseguró.
Ante la demanda de viviendas, la NAHB estimaba en 2024 que EE.UU. necesita construir cerca de 1,5 millones de unidades adicionales. Según Dietz, el sector lleva una década con escasez de trabajadores, con un faltante cercano a los 300.000 empleados por mes.
Por ello, varios empresarios piden un aumento de las visas h-2b, que permiten la contratación de trabajadores extranjeros para trabajos temporales no agrícolas, y que para este año fiscal llega a los 131.000, repartidas en varias industrias.
La semana pasada, Trump habló de posibles medidas para que el sector agrícola pueda evitar deportaciones de sus trabajadores, pero no mencionó el rubro de la construcción.
“No hemos escuchado nada de la administración Trump para asegurar que estos sectores puedan acceder a la fuerza laboral que necesitan”, dijo Clemens. Aunque consideró que no sería “impensable” medidas en ese sentido, el Ejecutivo y el Congreso no lo han puesto en su agenda de prioridades.
“Hasta ahora, la retórica y la política han tratado exclusivamente sobre eliminar trabajadores indocumentados, y también a los documentados”, destacó. Kilmar Ábrego García, el inmigrante que EE.UU. deportó “por error” a una prisión de El Salvador, fue arrestado en marzo después de completar un turno en una obra de construcción.
Clemens también señaló que las deportaciones no bajarán significativamente la demanda de vivienda como para contrarrestar los efectos negativos. “No están removiendo gente que compra casas, pero sí están sacando gente crucial para la construcción. Cuando se mantiene la demanda, eso empuja el precio”, sintetizó.
El investigador asegura que “hay una vasta desconexión” entre la retórica anti inmigratoria republicana y las necesidades del mercado laboral.
Desarrolladores, empleadores y trabajadores del sector siguen evaluando cómo adaptarse a un entorno regulatorio cambiante, en el que las decisiones sobre migración y comercio impactan de forma directa sobre su capacidad operativa, y con la incertidumbre de las idas y vueltas de los anuncios arancelarios de Trump.
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