La acusación contra la jueza de Wisconsin subraya el enfoque agresivo del Gobierno de Trump para aplicar ley de inmigración
Por Devan Cole, CNN
El arresto de una jueza estatal de Wisconsin por supuestamente ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar su arresto abrió un nuevo frente en el intento agresivo del Gobierno de Trump de llevar a cabo una campaña de deportación histórica.
La decisión del Departamento de Justicia de acusar a la jueza Hannah Dugan, del Circuito del Condado de Milwaukee, por obstrucción y ocultar al individuo del arresto, puso de relieve la decisión de la administración de ejercer la aplicación de la ley de inmigración en ciertos lugares que en el pasado han estado mayormente fuera de los límites para tal actividad federal, incluidos los tribunales, las escuelas y los lugares de culto.
Su arresto el viernes por la mañana inmediatamente atrajo intensas críticas de expertos legales y legisladores demócratas, quienes en su mayoría lo vieron como el más reciente intento del Gobierno de Trump de presionar a los tribunales de todo el país mientras avanza con políticas de inmigración controvertidas.
“Intimidación pura, nada más que eso”, dijo la jueza federal retirada Nancy Gertner.
El Departamento de Justicia ha afirmado repetidamente que investigará a cualquier funcionario local que no colabore con las autoridades federales en materia de inmigración. A principios de este año, el presidente Donald Trump reactivó una política de su primer mandato que permite a los funcionarios federales realizar arrestos relacionados con la inmigración en los tribunales.
Sin embargo, al igual que en las llamadas ciudades santuario en todo EE.UU., los funcionarios judiciales no están obligados a trabajar con funcionarios federales en tales arrestos si la orden que se está ejecutando es administrativa y no judicial.
Tal fue el caso de Eduardo Flores-Ruiz, a quien los funcionarios federales intentaban arrestar el 18 de abril, el día que comparecía ante Dugan en un asunto penal. Después de enterarse de que los funcionarios tenían una orden administrativa para Flores-Ruiz, la jueza supuestamente lo ayudó a él y a su abogado a salir por un área no pública del tribunal. Flores-Ruiz fue arrestado por agentes federales poco después.
“Sin una orden (judicial), obviamente no tendría ninguna obligación de cooperar. Solo ocurriría si existiera una orden judicial”, declaró Jeff Swartz, exjuez estatal de Florida, a Brianna Keilar de CNN en “CNN News Central”. “No tiene ninguna obligación de colaborar en la detención de ese acusado en un asunto civil”.
El exfiscal federal Elie Honig dijo que es probable que Dugan no enfrentaría los cargos federales si solo hubiera declinado cooperar con los agentes ese día.
Para que su conducta resultara en los cargos que enfrenta, dijo, “se necesita tomar algún acto afirmativo. Y aquí, mostrarle a esta persona la puerta trasera, darle acceso a la puerta trasera y luego guiar a la persona por la puerta trasera sería un acto afirmativo”.
No obstante, Honig, analista legal de CNN, enfatizó que los fiscales deben tener en cuenta una serie de factores al decidir si presentar cargos de obstrucción es “apropiado y necesario”.
En este caso, afirmó, existen dudas legítimas sobre si presentar cargos contra Dugan podría representar una extralimitación de la fiscalía.
El abogado de Dugan, Steven Biskupic, dijo en un comunicado el viernes que su cliente “se ha comprometido con el estado de derecho y los principios del debido proceso durante toda su carrera como abogada y jueza”.
“La jueza Dugan se defenderá vigorosamente y espera ser exonerada”, agregó.
El arresto de Dugan no es la primera vez que el Departamento de Justicia bajo Trump acusa a un juez en funciones de ayudar a un inmigrante indocumentado a evadir a un oficial de inmigración.
En 2019, una jueza estatal de Massachusetts fue acusada de obstrucción de la justicia y otros cargos federales, que luego fueron retirados durante la administración de Biden.
“Creo que el canario en la mina de carbón fue el caso de Shelley Joseph en Massachusetts”, dijo Gertner.
Ella y otros expertos con los que CNN habló dijeron que la forma en que se manejó ese caso fue mucho más medida que cómo el Departamento de Justicia ha manejado el de Dugan, subrayando la naturaleza política del nuevo asunto.
Gertner, por ejemplo, enfatizó el hecho de que Dugan fue arrestada por un delito de cuello blanco, mientras que la jueza de Massachusetts, Shelley Richmond Joseph, no fue detenida.
“No puedo enfatizar lo suficiente cuán absurdo es eso”, dijo Gertner. “Esta no es una persona que vaya a huir. Esta no es una persona que sea una amenaza para la comunidad”.
Los expertos también señalaron las declaraciones públicas de los funcionarios del Gobierno de Trump que promocionaron el caso de Dugan como evidencia de su intención de usar su enjuiciamiento con fines políticos.
Entre esos funcionarios está la secretaria de Justicia, Pam Bondi, quien dijo en una entrevista en Fox News después de que se ejecutara el arresto que “si se destruyen pruebas y se obstruye la justicia, cuando se tienen víctimas sentadas en un tribunal de violencia doméstica y se escolta a un acusado por la puerta trasera, no se tolerará”.
“Creo que algunos de estos jueces creen que están por encima de la ley, y no es así”, añadió Bondi.
Doug Keith, quien se desempeña como asesor principal en el Programa de Judicatura del Centro Brennan para la Justicia, dijo que es posible que surjan episodios más dramáticos a medida que la administración Trump continúe buscando cooperación generalizada en su campaña de deportación.
“Desafortunadamente, no creo que este sea el último conflicto que veremos como este”, dijo Keith.
“El cambio de política que ICE hizo alrededor de los arrestos en los tribunales el 21 de enero ha creado estas circunstancias en las que deberíamos esperar ver caos como este desarrollarse en más tribunales en todo el país”, agregó.
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Hannah Rabinowitz y Michael Williams de CNN contribuyeron a este informe.
