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República Dominicana no negará atención médica a extranjeros, pero advierte posibles repatriaciones tras brindar servicios

Por Jessica Hasbun, CNN en Español

El Gobierno de República Dominicana inició este lunes la implementación de un nuevo protocolo migratorio en 33 hospitales públicos del país, en el marco de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader a principios de abril para reforzar el control fronterizo y el uso de los servicios públicos por parte de extranjeros en situación irregular.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, dijo que los hospitales incluidos en el protocolo concentran hasta el 80% de los nacimientos en la red pública que involucran a madres extranjeras. El funcionario reiteró que el 36,3% de todos los partos en el país corresponden a haitianas, con apenas el 0,02% a mujeres de otras nacionalidades. Además, casi el 14% de todas las atenciones —hospitalizaciones, cirugías, consultas y pruebas— en la red pública se brinda a personas extranjeras.

Lama aseguró que a los pacientes extranjeros solo se les cobrará por insumos médicos, no por honorarios del personal. Los casos de personas sin recursos serán evaluados por el equipo de trabajo social.

El funcionario aclaró que el personal médico no está autorizado a verificar el estatus migratorio de los pacientes y que su única función es ofrecer atención sin discriminación. Sin embargo, el protocolo contempla la presencia de agentes de Migración en estos hospitales, quienes trabajarán en coordinación con las direcciones médicas, sin intervenir en las labores clínicas.

El director general de Migración, Rafael Lee Ballester, advirtió que los extranjeros que reciban atención médica y no puedan justificar su estatus legal en el país serán entregados a las autoridades para su posterior repatriación. Una vez cerrado el ciclo médico, si el paciente no tiene documentos ni justificación legal para estar en el país, será remitido a Migración para ser repatriado a su lugar de origen, explicó.

No obstante, el funcionario subrayó que no se negará el acceso a los servicios de salud.

El Gobierno sostiene que estas acciones buscan equilibrar el respeto a los derechos fundamentales con la necesidad de proteger los recursos del sistema público de salud, frente al aumento de la demanda migratoria, especialmente desde Haití.

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