¿Qué puede pasar con las deportaciones tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Enemigos Extranjeros que usa Trump?
Por CNN en Español
La Corte Suprema de EE.UU. permitió al Gobierno de Donald Trump seguir utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua, pero exige en su fallo que los detenidos sean notificados y tengan la oportunidad de presentar una impugnación antes de ser enviados a una prisión extranjera.
La decisión de la Corte, por 5 votos a favor y 4 en contra, levanta la suspensión de un tribunal inferior que había bloqueado temporalmente el polémico uso de esta ley que otorga al presidente un amplio poder para detener y deportar a extranjeros que considere peligrosos en tiempos de guerra declarada o invasión.
Poco después de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, más de 200 inmigrantes fueron enviados en vuelos de deportación al Centro de Confinamiento por Terrorismo, o CECOT, en El Salvador a mediados de marzo. Desde entonces, su uso ha estado en el centro de una creciente controversia política y legal. Funcionarios del Gobierno de Trump aseguran que varios de los deportados eran presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua —designada en febrero como organización terrorista—, aunque no queda claro cómo se hicieron estas determinaciones.
Mientras Trump ha interpretado el reciente fallo de la Corte Suprema como una victoria, los abogados de inmigración aseguran que esto genera preocupaciones sobre los desafíos que supondría para los inmigrantes conseguir un abogado y si realmente recibirán el debido proceso.
En su opinión sin firmar, la mayoría conservadora de la Corte le dio al Gobierno de Trump lo necesario para continuar con las deportaciones, con una salvedad: de ahora en adelante, dijo, los inmigrantes deben recibir una notificación de deportación y la oportunidad de impugnar la deportación.
Sin embargo, aquellos que impugnen el uso del Gobierno de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros deberán hacerlo caso por caso, es decir de manera individual, a través de un proceso legal conocido como hábeas corpus.
Grupos como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) habían intentado detener las deportaciones a través de una demanda colectiva pero ahora cada inmigrante detenido tendrá que presentar su propia demanda y demostrar en dado caso que no es miembro del Tren de Aragua y que el intento del Gobierno de deportarlo es ilegal.
Abogados y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes advierten que las dificultades que enfrentan las personas detenidas para acceder a un abogado podrían erosionar el derecho al debido proceso.
Heidi Altman, vicepresidenta de políticas en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que la opinión de la Corte sonaba como si hubiera sido escrita por “alguien que no ha puesto sus ojos en la realidad de las últimas semanas y los pasos extremos que esta administración está dispuesta a tomar para eludir las muy, muy pocas protecciones de debido proceso que actualmente existen”.
Al disentir este lunes, la jueza Sonia Sotomayor, magistrada de la Corte Suprema, señaló que requerirles a los inmigrantes que presenten demandas individuales “puede tener consecuencias de vida o muerte”.
“Los individuos que no pueden asegurar un abogado, o que no pueden apelar oportunamente un fallo adverso emitido por un tribunal de hábeas, enfrentan la perspectiva de ser removidos directamente a las peligrosas condiciones del CECOT de El Salvador, donde los detenidos sufren abusos atroces a los derechos humanos”, escribió Sotomayor.
El desdén del Gobierno de Trump por el debido proceso ha sido un patrón en las disputas legales sobre sus políticas de inmigración. En otro caso pendiente en la Corte Suprema, el Gobierno admitió que cometió un error al deportar a Kilmar Armando Abrego García a El Salvador el mes pasado, pero está luchando contra los esfuerzos judiciales para traerlo de vuelta a Estados Unidos y hasta ahora la administración ha logrado evitarlo.
Además, las demandas de quienes decidan apelar tendrán que ser presentadas en la jurisdicción donde han sido detenidos, probablemente en Texas.
Presentar demandas de hábeas corpus exitosas, mientras tanto, puede ser un desafío. Años después de los ataques terroristas de 2001, la Corte Suprema dejó claro que los detenidos en la Bahía de Guantánamo podían impugnar su detención a través de peticiones de hábeas. Pero ese proceso rápidamente se detuvo en los tribunales inferiores.
“La verdadera pregunta es si los tribunales, especialmente los tribunales federales en Texas, van a proporcionar el tipo de proceso robusto previo a la remoción que tanto la opinión mayoritaria como la concurrencia del juez Kavanaugh parecen estar imaginando”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
Tanto el presidente Donald Trump como altos funcionarios de su Gobierno, incluidos la secretaria de Justicia Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, han interpretado la decisión de la Corte Suprema como una victoria.
Pero Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, explicó que aunque se trata de un fallo “estrecho” que por ahora se basó únicamente en la jurisdicción, la Corte Suprema eventualmente tendrá que decidir si la Ley de Enemigos Extranjeros para las deportaciones está bien aplicada o no.
“Esto no ha sido una victoria de Trump, es simplemente que la Corte dijo que el juez que había ordenado el paro de las deportaciones basado en la ley no tenía potestad para hacerlo”, dijo Peñalver en una entrevista con CNN.
El juez federal James Boasberg, quien se desempeña como juez principal del tribunal federal de primera instancia en Washington, había impedido temporalmente que el Gobierno realizara más deportaciones bajo esta ley. Sin embargo, Trump apeló la decisión.
Para Lee Gelernt, abogado de ACLU que representa a los demandantes, la clave del fallo de la Corte Suprema es que otorga a estos inmigrantes venezolanos el derecho al debido proceso para impugnar su deportación con base en esta ley.
La organización defensora de los derechos de los inmigrantes aseguró que seguirán defendiendo en las cortes el caso que afecta principalmente a inmigrantes venezolanos que han sido señalados por el Gobierno de Trump de supuestamente pertenecer al Tren de Aragua.
“Ningún presidente está por encima de la ley. El intento de Trump de distorsionar una ley de guerra de siglos de antigüedad para eludir las protecciones de inmigración es una toma de poder escandalosa e ilegal, y amenaza las libertades civiles fundamentales de todos. La ACLU seguirá luchando por las protecciones del debido proceso para todos”, dijo Scott Michelman, director legal de ACLU del Distrito de Columbia.
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Con información de John Fritze y Devan Cole de CNN y Juan Carlos López de CNN en Español
