La CIA evalúa usar fuerza letal contra los cárteles de la droga en México y otros países
Por Zachary Cohen, Katie Bo Lillis y Natasha Bertrand
La CIA está revisando sus facultades para usar fuerza letal contra los cárteles de la droga en México y otros países, a medida que el Gobierno de Trump busca convertir la lucha contra los cárteles en una prioridad para la agencia de inteligencia, según un funcionario estadounidense y tres personas informadas sobre el asunto.
La revisión no indica que el presidente Donald Trump haya ordenado a la CIA tomar medidas directas contra los cárteles. Sin embargo, está diseñada para ayudar a la agencia a comprender qué tipo de actividades podría llevar a cabo legalmente y cuáles serían los riesgos potenciales en todas las opciones disponibles, según las fuentes, lo que subraya la seriedad con la que el Gobierno de Trump está considerando esta posibilidad.
También pone de relieve la preocupación de algunos funcionarios estadounidenses de que el uso de herramientas antiterroristas tradicionales contra los cárteles, como el Gobierno de Trump ha dicho que pretende hacer, conlleva un riesgo mucho mayor de daños colaterales para los ciudadanos estadounidenses que operaciones similares realizadas en Medio Oriente, lejos de territorio estadounidense.
Entre los temas que los abogados de la agencia están examinando se encuentra la responsabilidad de la CIA y sus agentes en caso de muerte accidental de un estadounidense en cualquier operación, según una de las personas informadas.
Los funcionarios de la agencia se muestran “cautelosos” al utilizar “recursos que tradicionalmente perseguían objetivos militares y que ahora se emplean contra objetivos de cárteles”, afirmó el funcionario estadounidense.
A principios de este año, el Gobierno de Trump designó a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras —una maniobra que algunos funcionarios estadounidenses, actuales y anteriores, creen que está diseñada para crear un precedente para acciones letales— y la CIA ya está volando drones de vigilancia capaces de ser armados sobre México.
La CIA se negó a hacer comentarios.
CNN no pudo determinar si la iniciativa fue ordenada por la Casa Blanca o por el director de la CIA, John Ratcliffe, o si se llevó a cabo como una medida de planificación prudente por parte del personal de la agencia en respuesta a las claras señales de que el Gobierno Trump desea que las agencias de seguridad nacional aumenten la presión sobre los cárteles.
“Si algún Gobierno nos presiona para hacer algo que pueda tener importantes consecuencias negativas para la agencia, [la CIA] querrá verificar dos y tres veces: ‘¿Es legal?’ y ‘¿tenemos una dirección política extraordinariamente clara para hacer lo que vamos a hacer?’”, dijo un exfuncionario de la CIA con experiencia en la elaboración de este tipo de revisión.
“El hecho de que algo sea legal bajo [el derecho de los conflictos armados] no significa que sea algo que se deba hacer”, dijo esta persona, refiriéndose a los protocolos que regulan la conducta de los Estados durante la guerra. “Hay un componente ético. Hay un componente práctico. Hay un componente pragmático”.
La CIA tiene la autoridad legal para llevar a cabo ataques letales por sí misma o proporcionar información sobre objetivos u otro tipo de apoyo a otra nación para que los lleve a cabo, siempre que cuente con la debida autorización del presidente y se ajuste al conjunto interconectado de leyes y regulaciones estadounidenses que rigen los conflictos armados.
Pero hacerlo contra miembros de cárteles en una zona donde, comparativamente, hay muchos más ciudadanos nacidos en Estados Unidos y titulares de tarjetas de residencia permanente (personas que podrían tener legitimidad para demandar al Gobierno estadounidense si sufren daños) es una novedad para la CIA.
“No se trata de si pueden o no usar fuerza letal. Pueden”, declaró una de las personas informadas sobre la revisión. “Se trata más bien de las implicaciones de que los estadounidenses resulten heridos o muertos debido a su amplia presencia en el espacio”.
Los daños colaterales también podrían repercutir en cualquier país socio que permita a la CIA llevar a cabo acciones directas dentro de sus fronteras o que acepte el apoyo de inteligencia de la agencia para llevar a cabo sus propias operaciones letales, señaló el funcionario estadounidense. Si el apoyo de la CIA genera un problema político para el país socio —México, por ejemplo—, su Gobierno podría negarse a permitir que la agencia opere allí en el futuro.
Exfuncionarios también han advertido sobre los riesgos de represalias por parte de los cárteles, algunos de los cuales mantienen presencia en Estados Unidos.
“Los cárteles mexicanos no son simplemente organizaciones criminales; operan como entidades paramilitares con amplios recursos financieros, cadenas de suministro globales y sofisticadas redes logísticas que se extienden hasta Estados Unidos”, escribió Doug Livermore, especialista en guerra irregular y exfuncionario del Departamento de Defensa, en un estudio reciente para el Atlantic Council, un centro de estudios sobre asuntos internacionales. “Es muy probable que los cárteles tomen represalias” y “poseen una capacidad sustancial para el terrorismo que, sumada a su presencia establecida en Estados Unidos, podría intensificar el conflicto”.
Una de las personas informadas sobre la revisión afirmó que esta reflejaba una profunda memoria institucional del programa de “interrogatorios mejorados” del Gobierno de George W. Bush, que los legisladores y el Gobierno de Obama posteriormente consideraron tortura. En ese caso, según exfuncionarios, la agencia llevó sus operaciones al límite de lo que creían que la ley podía tolerar. Los críticos, por supuesto, sostienen que la agencia y el Gobierno excedieron lo legal, y en los años posteriores, la CIA y sus agentes fueron sometidos a una serie de investigaciones públicas y de alto perfil sobre la pertinencia de sus acciones.
Este tipo de revisión, según las personas informadas, refleja la comprensión de que la agencia podría ser llamada a rendir cuentas por cualquier acción que tome contra los cárteles, especialmente si hay consecuencias negativas. Y especialmente si la agencia lleva a cabo operaciones que, en última instancia, se consideran desproporcionadas a la amenaza de los cárteles, criterios clave que la acción letal debe cumplir según el derecho de los conflictos armados.
La evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia estadounidense, publicada el mes pasado, se centró principalmente en la amenaza de los cárteles de la droga, aparentemente por primera vez en los casi 20 años de historia del informe. Sin embargo, muchos funcionarios de Seguridad Nacional, actuales y anteriores, han argumentado repetidamente que, si bien los cárteles son un problema grave, no representan una amenaza existencial para el país.
“Creo que es muy comprensible que la gente tenga presente [la historia del ‘interrogatorio mejorado’] hasta el punto de no creer que estemos en una crisis”, dijo uno de los exfuncionarios.
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