Estas son las medidas sobre deportaciones e inmigración que Trump ha tomado desde que asumió su segundo mandato
Por Anabella Gonzalez, CNN en Español
Desde el primer día de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos Donald Trump puso en marcha diversas medidas con el objetivo de frenar la inmigración a EE.UU.
Entre la serie de amplias medidas ejecutivas en materia de inmigración, declaró la emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, y dispuso que las autoridades federales de inmigración puedan llevar a cabo acciones de cumplimiento de la ley en lugares como iglesias y escuelas y sus alrededores, lo que marcó un cambio respecto a la política de larga data de evitar las llamadas “áreas sensibles”.
Además, Trump busca desde hace meses mediante un decreto poner fin a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU., una práctica de casi 160 años garantizada por la 14ª Enmienda de la Constitución de ese país, que otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense.
No obstante, implementar este controvertido decreto será un desafío, dado que ya enfrenta importantes obstáculos legales.
Los tribunales de apelaciones han desestimado la solicitud del Gobierno de Trump de pausar los fallos de los tribunales inferiores que impusieron órdenes judiciales a nivel nacional sobre el decreto.
Estas son algunas de las medidas de Estados Unidos para frenar la inmigración:
La aplicación fronteriza CBP One fue de gran importancia para cientos de miles de inmigrantes: desde enero de 2023, más de 936.500 personas la llegaron a utilizar para programar citas para presentarse en los puertos de entrada. De esa manera, los inmigrantes podían comenzar el trámite antes de llegar al cruce fronterizo para ahorrar tiempos de espera y agilizar los procesos.
En enero pasado, el Gobierno de Trump desactivó la aplicación y canceló las citas ya previstas.
En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) convirtió la aplicación CBP One en CBP Home, y cambió sus utilidades. La herramienta que antes utilizaban los migrantes que solicitaban asilo en Estados Unidos, se convirtió en una aplicación en la que los migrantes pueden informar de su intención de “autodeportarse”.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio temporal que estableció el Gobierno de Estados Unidos para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a sus países de origen de forma segura, ya sea por un conflicto armado en curso, un desastre natural y otras condiciones extraordinarias de carácter temporal.
A pocos días de asumir, Trump puso fin a estas protecciones. De acuerdo con lo ordenado por la secretaria de Seguridad del Gobierno de Trump, Kristi Noem, las protecciones para unos 300.000 venezolanos beneficiarios del TPS finalizarán el 7 de abril, tras lo cual podrían ser deportados. Hay otros 250.000 —beneficiados desde 2021— que perderán su TPS en septiembre.
El 31 de marzo, un juez federal impidió temporalmente que el Gobierno de Trump termine con las protecciones de deportación para 350.000 migrantes venezolanos.
La administración de Biden otorgó por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, citando la creciente inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, la administración de Biden renovó las protecciones por 18 meses adicionales. La decisión de finales de marzo se aplica a la designación de 2023.
En enero, el DHS anunció la eliminación gradual de los programas de permiso de permanencia temporal que han permitido a ciertos migrantes vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
Medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en sus países bajo un programa humanitario temporal del Gobierno de Joe Biden (el programa CHNV, cuyas siglas corresponden a los países) tendrán hasta el 24 de abril para regularizar su estatus migratorio o enfrentar la posibilidad de ser deportados.
Conocido como “parole in place” o parole humanitario, el Gobierno del presidente Trump canceló a finales de marzo este programa por considerar que su antecesor en el Gobierno abusó de la libertad condicional humanitaria al extenderla a múltiples nacionalidades.
Se ha indicado a los migrantes que participan en estos programas que abandonen el país antes del 24 de abril, 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.
El Gobierno de Trump puso en pausa el proceso de algunas tarjetas de residente permanente legal —comúnmente conocidas como green cards— para que se lleven a cabo exámenes y verificaciones adicionales.
La green card otorga al titular importantes beneficios, como vivir y trabajar legal y permanentemente en EE.UU.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que las solicitudes de green card que quedan en pausa son algunas hechas mediante el proceso de “ajuste de estatus”.
La medida de pausar el proceso de algunas solicitudes de ajuste de estatus se enmarca en la campaña general del gobierno estadounidense para frenar la migración hacia el país.
Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.
A los pocos días del comienzo de su mandato, comenzó a utilizar aviones militares para devolver a los recién llegados a sus países de origen. Los vuelos militares complementaron los vuelos regulares de Inmigración y Control de Aduanas, pero a un costo mayor.
Según un análisis de CNN de los datos de los vuelos de deportación, hasta ahora el ritmo de las deportaciones se ha mantenido estable en comparación con el año pasado.
Hubo 143 vuelos de deportación desde Estados Unidos desde el 20 de enero, cuando Trump tomó posesión, hasta el 20 de febrero. Ese número representa solo tres vuelos más que el mismo periodo bajo el Gobierno de Biden en 2024.
Si bien ha habido variaciones menores en los países de destino, el ritmo de deportaciones se ha mantenido relativamente constante entre 2024 y 2025. Los vuelos han tenido como destino América Latina (en un 90%), el Caribe, África y Asia.
El 16 de marzo, Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, a quienes el presidente Nayib Bukele envió a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como parte de un acuerdo vigente con Washington.
El Gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar las deportaciones pese a un fallo judicial que detuvo la medida. Los detenidos no han sido identificados oficialmente y tampoco han sido sometidos a proceso penal alguno. Se espera que el caso llegue incluso a la Corte Suprema de EE.UU.
ICE afirma que realizó una investigación “cuidadosa” para verificar que las personas deportadas forman parte de grupos criminales.
Días atrás, Trump desmintió que su Gobierno haya deportado a personas equivocadas a El Salvador y aseguró que las deportadas eran “realmente malas”.
Tras las deportaciones, los familiares de muchos de esos detenidos aseguran que sus allegados no son criminales, y que fueron deportados pese a no tener ninguna vinculación delictiva.
Muchos inmigrantes venezolanos en EE.UU. viven con la incertidumbre de ser señalados injustamente, en medio de una política que ha puesto en la mira a quienes tienen tatuajes o características que podrían vincularlos —sin pruebas— con el crimen organizado.
El Ejército de Estados Unidos deportó a El Salvador a 17 supuestos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha “incluidos asesinos y violadores”, informó el 31 de marzo en X el secretario de Estado, Marco Rubio.
Este grupo se suma a otros 23 supuestos pandilleros deportados.
El presidente Bukele confirmó la operación y agregó que todas las personas que llegaron son “criminales extremadamente peligrosos, asesinos y delincuentes de alto perfil”. El mandatario aseguró que entre ellos hay “seis violadores de niños”.
Ni Rubio ni Bukele identificaron a los detenidos, ni detallaron las pruebas que los vincularían con las bandas criminales y los delitos señalados.
Varias organizaciones internacionales de derechos humanos han criticado este tipo de traslados porque consideran que se vulnera el debido proceso y que en la cárcel de El Salvador se violan los derechos humanos.
El presidente de EE.UU. había adelantado que en su nuevo gobierno habría detenciones masivas de inmigrantes indocumentados.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a casi 33.000 inmigrantes en Estados Unidos en los primeros 50 días del segundo mandato de Trump.
Con esta cifra alcanzada en menos de dos meses, la nueva administración de Trump está por superar el número de arrestos que realizó ICE en el último año fiscal del Gobierno de Joe Biden.
Los operativos de ICE figuran como los principales esfuerzos para detener migrantes indocumentados, enfocándose en aquellos con antecedentes penales (aunque, según ICE, si están acompañados por otros inmigrantes sin documentos que no tengan cargos, también podrían detenerlos).
Dentro de los esfuerzos de ICE para rastrear migrantes sin documentos se encuentran las redadas en lugares de trabajo.
Además de los lugares de trabajo, hay miedo en la comunidad religiosa de que pueda haber redadas en las escuelas y dentro de las iglesias (ya se registró al menos una detención afuera de una iglesia, pero ninguna dentro de estos recintos).
Maestros en ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Chicago han notado que la amenaza de las deportaciones parece haber contribuido a una disminución en la asistencia a clases en algunas comunidades.
Según Trump, ICE puede realizar detenciones usando el “sentido común” adentro de escuelas e iglesias luego de que el gobierno rescindiera una política que limitaba el actuar de la agencia en esos lugares.
Tampoco se han registrado redadas adentro de escuelas, pero el “zar de la frontera” defendió la idea de poder entrar a escuelas para realizar detenciones de inmigrantes indocumentados.
Ahora el Gobierno enfrenta un problema a raíz de esta política migratoria: los centros de detención están “al límite” de su capacidad, según un alto funcionario de ICE.
“Estamos al límite. Estamos en 47.600 (detenidos actualmente)”, dijo el alto funcionario y añadió que la agencia está tratando de aumentar su espacio de detención. Ese espacio está aproximadamente al 120%, según datos internos compartidos con CNN.
Casi una docena de estudiantes y profesores reconocidos de universidades de todo Estados Unidos han sido detenidos por agentes federales en medio de la ofensiva migratoria, que en los campus universitarios se ha centrado en activistas estudiantiles propalestinos y críticos de Israel.
A muchos de los detenidos se les ha concedido el derecho a vivir en Estados Unidos, ya sea como residentes permanentes o mediante visas temporales de trabajo o de estudiante. Sin embargo, sus derechos se han visto cuestionados por las nuevas y amplias órdenes de inmigración que, según algunos expertos legales, podrían utilizarse con liberalidad para reprimir la disidencia.
En declaraciones a la prensa a finales de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que, bajo su dirección, se han revocado más de 300 visas —principalmente visas de estudiante, algunas de visitante—. Rubio no especificó cuántas visas pertenecían a personas vinculadas al movimiento propalestino.
“Si realizan actividades contrarias a nuestro interés nacional, a nuestra política exterior, les revocaremos la visa”, declaró Rubio.
En febrero pasado, los agentes de inmigración de Estados Unidos recibieron instrucciones para localizar y deportar a miles de niños migrantes que entraron en el país sin sus padres, según un memorando interno obtenido por Reuters.
De acuerdo con esa información, los menores a los que se dirijan los agentes del ICE deberán comparecer ante un tribunal de inmigración o serán deportados si tienen órdenes pendientes contra ellos.
Apenas días antes de que se reportara este memorando, la administración Trump había dado marcha atrás a una orden para suspender los servicios legales a los menores inmigrantes no acompañados.
El 21 de marzo, el gobierno republicano rescindió un contrato con el Centro Acacia para la Justicia, que brinda servicios legales a migrantes no acompañados menores de 18 años a través de una red de grupos de asistencia legal subcontratados por el centro. Once grupos subcontratados presentaron una demanda, alegando que 26.000 menores corrían el riesgo de perder a sus abogados; Acacia no es uno de los demandantes.
Estos grupos argumentaron que el gobierno tiene la obligación —en virtud de una ley contra la trata de personas de 2008— de brindar asistencia legal a menores vulnerables.
Una jueza federal de California ordenó el 1 de abril al Gobierno de Trump restablecer temporalmente la asistencia legal a decenas de miles de menores migrantes que se encuentran en Estados Unidos sin un padre ni tutor.
Trump firmó el 25 de marzo pasado un decreto para reforzar los requisitos de prueba de ciudadanía para el registro de votantes, lo que, según los críticos, podría privar del derecho al voto a personas de bajos recursos y de la tercera edad que no tienen fácil acceso a documentos de ciudadanía como pasaportes o certificados de nacimiento.
El decreto también instruye al Departamento de Seguridad Nacional a trabajar con el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk para revisar los padrones electorales estatales en un esfuerzo por identificar a los extranjeros en las listas, y entregar esa lista a los funcionarios estatales y locales encargados de gestionar las elecciones.
La medida probablemente generará alarma entre los defensores de los derechos de voto que han argumentado que las bases de datos de inmigración del DHS no están equipadas para verificar los padrones electorales sin las salvaguardas adecuadas, debido a que representan un riesgo de identificar a ciudadanos naturalizados para purgas.
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Con información de Uriel Blanco, Priscilla Alvarez, Rachel Wilson, Por John Fritze, Angelica Diaz Franganillo, Piper Hudspeth Blackburn, Jennifer Hansler, Karina Tsui, Sol Amaya y Renée Rigdon, de CNN.
