Hombre que mató a 23 personas en un Walmart de El Paso se declarará culpable de asesinato casi 6 años después
Associated Press
El prolongado caso penal contra un atacante de Texas que mató a 23 personas en un ataque racista contra clientes hispanos en un Walmart de El Paso en 2019 está a punto de concluir.
Se espera que Patrick Crusius, de 26 años, se declare culpable el lunes de asesinato y reciba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la masacre ocurrida cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El fiscal de distrito del condado de El Paso, James Montoya, declaró el mes pasado que le ofreció a Crusius un acuerdo con la fiscalía y que no enfrentaría la pena de muerte por el cargo estatal.
Crusius ya ha sido condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en un tribunal federal tras declararse culpable en 2023 de delitos de odio y cargos por armas. Bajo el gobierno de Jor Biden, los fiscales federales también descartaron la pena de muerte.
Se espera que Crusius cumpla su condena en una prisión estatal. Inicialmente, fue arrestado por las autoridades locales y, si es sentenciado por los cargos estatales, pasará a la custodia del Departamento de Justicia Penal de Texas, según informó un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones.
A continuación, se detalla lo que debe saber sobre el ataque mortal del 3 de agosto de 2019 y sus consecuencias:
Crusius tenía 21 años cuando, según las autoridades, condujo durante más de 10 horas desde su casa en un suburbio de Dallas hasta El Paso y abrió fuego en el Walmart, un popular lugar entre compradores de México y Estados Unidos.
Los fiscales han afirmado que Crusius llevaba orejeras que amortiguaban el sonido de los disparos cuando comenzó a atacar a la gente en el estacionamiento.
Luego, se adentró en la tienda y continuó disparando con un rifle tipo AK, acorralando a los compradores en un banco cerca de la entrada, donde nueve murieron antes de disparar contra la caja y las personas en los pasillos.
Al salir de un Walmart, disparó contra un auto que pasaba, matando a un anciano e hiriendo a su esposa.
Según la policía, Crusius fue detenido poco después y confesó a los agentes que lo detuvieron en una intersección.
En una publicación en un foro en línea justo antes de la masacre, Crusius, un hombre blanco que abandonó sus estudios universitarios, afirmó que el tiroteo fue “en respuesta a la invasión hispana de Texas”. Aseguró que los hispanos tomarían el control del gobierno y la economía.
En redes sociales, parecía absorbido por el debate migratorio nacional, tuiteando #BuildtheWall y elogiando las duras políticas fronterizas del presidente republicano Donald Trump, quien estaba en su primer mandato en ese momento.
Tras el tiroteo, Crusius declaró a los agentes que había atacado a mexicanos.
Joe Spencer, uno de sus abogados, lo describió el jueves como “un individuo con el cerebro roto”. Spencer afirmó que a Crusius se le ha diagnosticado trastorno esquizoafectivo, que puede caracterizarse por alucinaciones, delirios y cambios de humor.
Las edades de las personas fallecidas variaban desde un atleta de preparatoria de 15 años hasta abuelos. Entre ellas se encontraban inmigrantes y ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera de Estados Unidos para realizar compras rutinarias.
Entre ellos se encontraban Jordan Anchondo y Andre Anchondo, quienes murieron mientras compraban con su hijo Paul, de dos meses, quien sobrevivió. Las autoridades afirman que Jordan Anchondo protegió al bebé de los disparos, mientras que su esposo los protegió a ambos.
Guillermo “Memo” García y su esposa, Jessica Coca García, estaban recaudando fondos para el equipo de fútbol de su hija en el estacionamiento cuando ambos recibieron disparos. Ella sufrió heridas en la pierna, pero se recuperó. Él falleció a causa de las heridas casi nueve meses después del tiroteo, lo que elevó el número de muertos a 23.
Una semana después del tiroteo, Coca García se levantó de su silla de ruedas para dar un discurso frente a la cárcel del condado donde se encontraba Crusius. “El racismo es algo que siempre quise creer que no existía”, dijo. “Obviamente, existe”.
Montoya explicó que decidió ofrecer un acuerdo de culpabilidad porque la mayoría de los familiares de las víctimas deseaban que el caso se resolviera. Reconoció que no todas las familias estaban de acuerdo.
Montoya, demócrata, afirmó que apoya la pena de muerte y cree que Crusius la merece, pero que el caso podría no haber llegado a juicio hasta 2028 si su fiscalía hubiera seguido buscando la pena de muerte.
Cuando Montoya asumió el cargo en enero, se convirtió en el cuarto fiscal de distrito en supervisar el caso en casi seis años. Una de sus predecesoras renunció en 2022 bajo presión por su gestión del caso. Agregó que la pandemia también causó retrasos.
Stephanie Meléndez, cuyo padre, David Johnson, murió protegiendo a su esposa y nieta, dijo que inicialmente quería que Crusius recibiera la pena de muerte, pero a medida que el caso se prolongaba, quería que se terminara.
“Solo quería que terminara”, dijo Meléndez. “Ya no tenía que revivirlo todo. Ya no tenía que ir al juzgado durante horas. Ya no tenía que soportar las sesiones informativas posteriores, que duraban horas y eran la misma charla una y otra vez. Estábamos listos para terminar con todo porque, sinceramente, es como revivir el trauma una y otra vez”.
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