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¿Puede Trump despedir a Jerome Powell? La Corte Suprema podría ofrecer pronto algunas pistas

Por John Fritze, CNN

La petición del presidente de EE.UU. Donald Trump de “despedir” al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell se conoció el jueves mientras la Corte Suprema evalúa una apelación de rápida tramitación sobre dos agencias independientes, que se ha convertido cada vez más en una batalla indirecta por el control del poderoso banco central del país.

Una decisión en la apelación de emergencia podría permitir a Trump ejercer control sobre las agencias independientes mientras intenta subsumir su poder en el poder ejecutivo, o podría ralentizar significativamente ese esfuerzo.

El tema en disputa para la Corte Suprema es el despido por parte de Trump de altos funcionarios de dos agencias independientes que supervisan las protecciones laborales de los empleados federales. Estos funcionarios, que luchan por su reincorporación, afirman que si Trump gana el caso de las juntas laborales, se abrirá la puerta a una reforma integral de la Reserva Federal.

“Jerome Powell, de la Reserva Federal, quien siempre llega DEMASIADO TARDE Y SE EQUIVOCA, emitió ayer un informe que fue otro, y típico, ¡completo desastre! Trump publicó el jueves en redes sociales. “¡El cese de Powell es urgente!”.

El objetivo subyacente de la administración de Trump, como se aclaró en una carta al Congreso a principios de este año, es revocar un precedente de 1935 que permitía al Congreso exigir a los presidentes que demostraran causa, como irregularidades, antes de destituir a los miembros de las juntas directivas que supervisaban agencias independientes. Tal decisión podría tener importantes implicaciones para una serie de agencias que el Congreso creó para ser independientes de los caprichos políticos de la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump ha argumentado que ni los tribunales ni el Congreso deberían obstaculizar sus esfuerzos por obtener un mayor control de dichas agencias despidiendo a sus líderes.

“El presidente no debería verse obligado a delegar su poder ejecutivo en jefes de agencias que están manifiestamente en desacuerdo con los objetivos políticos de la administración ni por un solo día, y mucho menos durante los meses que probablemente tardarían los tribunales en resolver este litigio”, declaró el Procurador General D. John Sauer, el principal abogado de apelaciones de la administración de Trump, ante la Corte Suprema a principios de este mes.

El litigio sobre las dos agencias laborales probablemente acabará planteando una cuestión clave. El precedente de la Corte Suprema de 1935, Humphrey’s Executor v. US, permite al Congreso distanciarse de las agencias independientes.

Revocar este fallo otorgaría a los presidentes un inmenso poder para eliminar a los funcionarios de servicios que aplican las leyes antimonopolio, las normas laborales y los requisitos de divulgación de información para las empresas que cotizan en bolsa.

La mayoría conservadora de la Corte Suprema ha mostrado escepticismo en los últimos años sobre las protecciones por causa justificada que el Congreso a veces incluye para los funcionarios del poder ejecutivo.

Hace cuatro años, los conservadores de la corte sostuvieron que dichas protecciones para el director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor violaban los principios de separación de poderes. Esta agencia, contra la que Trump ha continuado sus ataques en su segundo mandato, supervisa las regulaciones destinadas a proteger a los consumidores con deudas de tarjetas de crédito, hipotecas y productos financieros. La facultad del presidente para “destituir, y por lo tanto supervisar, a quienes ejercen el poder ejecutivo” se deriva directamente de la Constitución, según escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en representación de la mayoría.

“El director de la CFPB no tiene jefes, colegas ni votantes a quienes rendir cuentas”, escribió Roberts. “Sin embargo, ejerce una vasta autoridad normativa, de cumplimiento y adjudicativa sobre una parte significativa de la economía estadounidense”.

Sin embargo, la decisión del tribunal, con 5 votos a favor y 4 en contra, mantuvo la regla Humphrey’s, y Roberts señaló que solo se aplicaba a agencias independientes dirigidas por un solo director, en lugar de juntas directivas con varios miembros. El juez conservador Clarence Thomas, junto con el juez Neil Gorsuch, fueron más allá. Enmarcaron el precedente como una “amenaza directa a nuestra estructura constitucional y, en consecuencia, a la libertad del pueblo estadounidense”.

“En un caso futuro”, escribió Thomas, “repudiaría lo que quede de este precedente erróneo”.

Quizás lo más notable es que el tribunal utilizó una nota a pie de página en esa decisión para mencionar la idea de que la CFPB podría ser diferente de la Reserva Federal.

“La CFPB juega en una liga completamente diferente” de la Reserva Federal, decía esa nota. “Actúa como una mini legislatura, un fiscal y un tribunal”.

En otra nota al pie del año pasado, el juez conservador Samuel Alito intentó explicar con más detalle por qué la Reserva Federal es diferente a otras agencias federales.

La junta de la Reserva Federal, escribió Alito, “es una institución única con un trasfondo histórico único”. La Fed se creó en respuesta a una “serie de pánicos financieros” y representó un “compromiso intensamente negociado entre dos bandos insistentes e influyentes: quienes querían un sistema mayoritariamente privado y quienes favorecían un banco nacional controlado por el Gobierno”.

La financiación del banco central, afirmó, “debe considerarse un acuerdo especial sancionado por la historia”.

Este es un argumento en el que la administración de Trump se ha apoyado considerablemente para desestimar las preocupaciones de que un fallo a su favor en los casos laborales le daría plena libertad sobre la Reserva Federal.

“Si bien los demandados se enfocan principalmente en otras agencias como la Junta de la Reserva Federal, ignoran la reciente observación [del tribunal] de que la protección de la titularidad de la Reserva Federal plantea una cuestión distinta con un historial único”, declaró Sauer ante la Corte Suprema en un escrito esta semana. En otras palabras, la administración se resiste a la idea de que el presidente necesariamente ataque a la Fed si gana la batalla por las juntas laborales.

Los presidentes de ambos partidos han adoptado durante mucho tiempo una postura de no intervención con el banco central, y la ley federal exige que los siete gobernadores del sistema solo puedan ser despedidos por causa justificada, no por desacuerdos políticos. Debilitar la independencia de la Fed no solo inquietaría a los inversores, que ya están preocupados por los aranceles de Trump, sino que podría destruir la credibilidad del banco central, la cual necesita para combatir la inflación. Esto es tan importante como siempre, debido a que los economistas prevén que los aranceles causen un aumento de precios.
Los países con bancos centrales independientes generalmente tienen una inflación más baja.

Las apelaciones de emergencia pendientes en la Corte Suprema, aunque de suma importancia en sí mismas, abordan dos juntas con las que la mayoría de los estadounidenses rara vez se encuentran: la NLRB y la Junta de Protección de Sistemas de Mérito. Al plantear la posibilidad de que Trump pueda usar una decisión en ese caso para imponer cambios radicales a la Reserva Federal, los miembros de la junta están elevando la apuesta para la corte conservadora, con una mayoría de 6-3.

“Es especialmente preocupante que la independencia de la Reserva Federal se torne incierta, una situación que tendría graves repercusiones para el mercado”, advirtió esta semana Gwynne Wilcox, quien se desempeñaba como presidenta de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), a la Corte Suprema.

Probablemente percibiendo la reticencia de la corte a interferir con la Reserva Federal —y potencialmente ser culpada de una catástrofe económica—, los funcionarios de Trump han insistido con vehemencia en que no existe ninguna conexión entre la NLRB y la Fed.

“Esa cuestión”, declaró el Departamento de Justicia a la corte en un informe el miércoles, “no está en discusión aquí”.

Queda por ver cuánto margen de maniobra está dispuesta a otorgar la mayoría de la corte a Trump, especialmente dada la interpretación agresiva que el gobierno ha hecho de la opaca decisión de la corte en un reciente caso de inmigración.

La corte no está considerando los méritos del caso, solo qué hacer con Wilcox y Cathy Harris, expresidenta de la MSPB, mientras sus casos legales continúan. En una orden temporal emitida a principios de este mes, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, permitió a Trump mantener a Harris y a Wilcox destituidos de sus cargos por el momento.

El Tribunal Supremo podría dictar sentencia en el caso de las juntas laborales en cualquier momento.

Powell fue nombrado presidente de la Reserva Federal por Trump en 2018, y posteriormente reelegido por el expresidente Joe Biden en 2022. Las quejas de Trump con Powell, que se remontan a 2018, se han centrado principalmente en que la Reserva Federal no recorta las tasas de interés cuando el presidente lo considera oportuno.

En los últimos años, Trump ha llamado a Powell “el enemigo” y lo ha acusado de “politiquear”. El jueves, Trump declaró: “¡El cese de Powell es urgente!”.

Pero las decisiones de la Reserva Federal, con Powell al mando, siempre se han basado en datos económicos, buscando el doble mandato del banco central de máximo empleo y precios estables, incluso si esas decisiones no son bien recibidas por los políticos. Esa independencia sacrosanta ha demostrado ser crucial para que la Reserva Federal combata con éxito la inflación y el desempleo siempre que sea necesario.

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Bryan Mena, de CNN, contribuyó a este informe.

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