Los pasos de Trump que hacen temer la llegada del autoritarismo
Análisis de Juan Carlos López, CNN en Español
La democracia de Estados Unidos, considerada durante siglos un modelo de equilibrio institucional, enfrenta hoy una de sus pruebas más críticas con el segundo mandato de Donald Trump. Varias de las decisiones del presidente desafían los límites del poder ejecutivo y el país parece encaminarse hacia una transformación que, según expertos y organismos internacionales, erosiona las bases del Estado de derecho y constituiría un giro autoritario.
En 1798, el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, estaba en plena construcción. Solo dos años después lo ocuparon el Congreso, la Corte Suprema y la Biblioteca del Congreso. El presidente era John Adams, quien en 1797 había sucedido a George Washington, el primer mandatario estadounidense. La Constitución política llevaba ocho años desde su ratificación y el país naciente se preparaba para un posible conflicto con Francia, uno de sus principales benefactores en la guerra de independencia del Reino Unido, que había terminado apenas 22 años antes, en 1776.
En ese escenario se aprobó la Ley de Enemigos Extranjeros hace 227 años, la normativa que el presidente Donald Trump invocó recientemente para deportar a 137 ciudadanos venezolanos a El Salvador, señalándolos de ser presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, pero sin presentar pruebas que sustenten esa acusación.
Se trata de un quiebre con la tradición jurídica estadounidense de observación del debido proceso, consagrado en la Constitución, explica Juan Pappier, subdirector para las Américas de la ONG Human Rights Watch. “Estas son prácticas propias de un Gobierno que va camino a la destrucción del Estado de derecho, que no tiene ningún interés por la vigencia de la ley, que quiere debilitar o destruir la democracia norteamericana y que muestra absoluto desprecio por los derechos humanos”.
“La situación que se está viviendo en Estados Unidos es una crisis. Estamos al borde de una crisis constitucional. Y, lamentablemente, la destrucción de las garantías frente a los migrantes luego puede utilizarse para destruir las garantías de toda la ciudadanía”, dice Pappier.
La implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros fue suspendida el 15 de marzo por el juez federal James Boasberg, magistrado principal del Distrito de Columbia, quien impidió que fueran deportados otros cinco ciudadanos venezolanos y ordenó que cualquier vuelo con migrantes fuera devuelto a Estados Unidos. Esta medida no se cumplió, y tres vuelos aterrizaron en San Salvador horas después de la orden del juez.
La Casa Blanca disputa la autoridad del juez para frenar las deportaciones y arguye que es un tema de seguridad nacional, mientras que Trump regresó a una de sus viejas prácticas: atacar a quien le lleve la contraria.
En su red social publicó: “El juez James Boasberg hace todo lo posible para usurpar el poder de la Presidencia. Es un juez local, desconocido y fanfarrón, quien busca publicidad y no puede ser otra la razón, porque sus fallos son ridículos e ineptos”.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia le dio la razón a Boasberg en un fallo de 2-1, el 26 de marzo, por ahora la ley de enemigos extranjeros no puede ser implementada.
La Constitución Política de Estados Unidos dividió el gobierno federal en tres ramas independientes: la legislativa o Congreso, la ejecutiva o Presidencia y la judicial, encabezada por la Corte Suprema, dentro de un sistema de control y equilibrio de poderes. El Congreso sanciona leyes, la Presidencia las promulga y hace cumplir y el Poder Judicial determina su constitucionalidad. Ninguna de las tres ramas está supeditada a la otra, por lo que el pedido de Trump para someter a juicio político o impeachment a Boasberg con el fin de destituirlo no tiene precedente.
El 15 de febrero Trump publicó en sus redes sociales una frase atribuida al emperador francés Napoleón Bonaparte: “Aquel que salva a su país no viola ley alguna”. Una aparente señal de que no se sentiría limitado por el sistema de pesos y contrapesos que mantiene la división de poderes en Estados Unidos desde hace 249 años.
No fue coincidencia que el magistrado John Roberts, presidente de la Corte Suprema, emitiera un comunicado en el que refutó a Trump, aunque sin mencionarlo: “Durante más de dos siglos quedó establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada cuando se está en desacuerdo con una decisión judicial. El proceso de apelación existe para ese propósito”.
La disputa puede terminar ante la Corte Suprema de Justicia, pero para eso debe seguir el proceso que resalta el magistrado Roberts. De hecho, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia ya sostuvo una audiencia en el caso.
El choque entre el poder ejecutivo y el judicial no es nuevo, y Trump no es el primer presidente en criticar las decisiones judiciales. En julio de 2024, el entonces presidente Joe Biden criticó un fallo de la Corte Suprema que determinó por 6-3 que los mandatarios tienen inmunidad absoluta por sus actos oficiales durante su ejercicio. Biden dijo: “En Estados Unidos no hay reyes. Todos somos iguales ante la ley, nadie está por encima de ella, ni siquiera el presidente de Estados Unidos”.
El Centro para la Paz Sistémica, un centro de estudios fundado en 1997 con base en Virginia, publica el Sistema Polity, un modelo que determina el nivel de solidez de una democracia. Según su escala, al final del primer mandato de Trump en 2020, EE. UU. pasó de ser una democracia plena, a una “anocracia”, un sistema de gobierno que combina características de la democracia, como las elecciones, con el debilitamiento de derechos como la libertad de expresión y el debido proceso, típicas del autoritarismo.
El informe Variedades de la Democracia del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, aún considera a Estados Unidos una democracia liberal, pero dedica un capítulo a la segunda presidencia de Trump, que dice está demostrando ser diferente de la primera: “Al redactar este informe, Trump lleva seis semanas en la presidencia. La velocidad con la que la democracia estadounidense está siendo debilitada ha tomado a muchos observadores por sorpresa”.
El Instituto V-Dem argumenta que parecen avanzar lo que describe como “estrategias clásicas de los lideres autocráticos”: la expansión del poder Ejecutivo; el debilitamiento del poder del Congreso para manejar las finanzas; la ofensiva contra las instituciones independientes, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y los medios; y la “purga y el desmantelamiento de las instituciones estatales”. La conclusión del informe es elocuente: “El silencio permisivo entre los críticos temerosos de represalias ya es prevalente”.
Maria McFarland Sánchez-Moreno, abogada experta en derechos humanos y presidenta de la organización no gubernamental RepresentUS, que promueve la transparencia en el gobierno federal, coincide en que la democracia estadounidense pasa por un momento crítico: “Estados Unidos, justo porque ha tenido democracia durante casi toda su historia, tiene ese problema, de una ingenuidad en la población y en el sistema político frente a lo que está pasando”.
La abogada de RepresentUS lo explica con este símil: “Es como cuando no has tenido una enfermedad nunca, no tienes anticuerpos. Entonces cuando te toca la enfermedad te da pésimo la primera vez. Bueno, es lo mismo acá, los estadounidenses no han visto esto antes, no lo reconocen y me imagino que hay sectores en el Partido Demócrata que también están con la idea de ‘No, es que en las elecciones se va a resolver’. El problema es que no sabemos si va a haber elecciones libres la próxima vez, porque están cambiando las reglas de juego para hacerlo más difícil”.
Habrá quienes creen que las advertencias sobre un descenso de la democracia estadounidense hacia el autoritarismo son exageradas, pero es necesario poner atención.
El martes 25 de marzo, Trump declaró —a la cadena conservadora Newsmax— que pagó US$ 40 millones a Smartmatic en un acuerdo por difamación por su papel en las elecciones de 2020 y que Trump perdió por más de siete millones de votos frente a Joe Biden, que él ganó esos comicios por amplio margen, lo que no es cierto. Ese mismo día promulgó un decreto para darle un papel al gobierno federal en las elecciones, incluido exigir prueba de ciudadanía a los votantes, pero ese es un tema definido en la Constitución desde 1787, hace 238 años. El artículo primero define que los tiempos, lugares y maneras de adelantar las elecciones serán definidos por los estados y sus legislaturas. El Congreso puede modificar las reglas con leyes, pero el Ejecutivo, es decir el presidente, no tiene papel alguno como el que Trump se atribuye por decreto. Sin duda será otro tema que resolverán las cortes.
Estados Unidos está en un punto de inflexión. Mientras Trump y su administración desafían las normas establecidas y ponen a prueba los límites del sistema democrático, la respuesta de las instituciones, la sociedad civil y el electorado será determinante. Lo que ocurra en los próximos meses definirá si el país mantiene su tradición democrática o si, como advierten analistas, transita hacia un modelo en el que el poder se concentra cada vez más en una sola figura. Un modelo en el que con cada paso, con cada decisión, el autoritarismo será la nueva realidad.
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