Trump defiende Obamacare en la Corte Suprema; una victoria podría aumentar la influencia de Robert F. Kennedy
Por Tierney Sneed, Tami Luhby y Sarah Owermohle, CNN
El Departamento de Justicia del presidente Donald Trump defiende la Ley del cuidado de salud a bajo precio, conocida como Obamacare, ante la Corte Suprema, un notable contraste con su primer mandato, cuando su Gobierno buscó derogar la ley en el Congreso y luego se negó a defenderla en un importante desafío presentado por estados liderados por el Partido Republicano.
Pero una victoria para el gobierno federal en el caso actual, que se refiere a los mandatos de la ley de que ciertos servicios preventivos se cubran sin costo, podría aumentar el poder que tiene el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy Jr., para dar forma a esos requisitos.
Esto ocurre mientras Kennedy sacude la agencia de salud con despidos masivos y planes para consolidar grandes porciones de sus autoridades en una nueva “Administración para un Estados Unidos Saludable” de US$ 20.000 millones. Kennedy ha cuestionado una lista de recomendaciones de salud pública, y una victoria en este caso podría darle un control más directo sobre al menos un panel de expertos enfocado en esas políticas.
El lunes, los jueces considerarán la legalidad de ciertos mandatos de cobertura sin costo compartido que fueron creados por una entidad gubernamental conocida como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU., que emite recomendaciones que se supone están protegidas de la influencia política.
Lo que está en juego es la capacidad de millones de estadounidenses para acceder a servicios preventivos sin costo que incluyen exámenes de detección de cáncer, estatinas que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, medicamentos PrEP que ayudan a prevenir infecciones por VIH y referencias de asesoramiento para mujeres embarazadas y posparto con mayor riesgo de depresión.
El costo compartido fue una “enorme barrera” para que las personas recibieran dicho cuidado, según Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública.
“Cosas simples, como más personas revisándose la presión arterial, más personas recibiendo sus vacunas contra la gripe, más personas haciéndose exámenes de colesterol, más personas haciéndose algunos exámenes de detección de cáncer, como colonoscopias, exámenes de mama, ese tipo de cosas”, dijo Benjamin a los periodistas en una conferencia de prensa organizada por el grupo de defensa Protect Our Care.
El caso es parte de la reciente ola de ataques legales conservadores contra la Ley del cuidado de salud a bajo precio, pero uno que no amenaza con derribar la histórica ley de reforma de salud, que ha ampliado la cobertura de seguro de salud a decenas de millones de estadounidenses.
Los impugnadores argumentan que los mandatos son inconstitucionales porque, bajo Obamacare, provienen de un grupo de trabajo cuya membresía no ha sido confirmada por el Senado.
Un fallo a favor del gobierno dejaría esos mandatos intactos por ahora, pero la lucha sobre cómo se elaboran esos mandatos continuará, tanto en los tribunales como en el control que Kennedy intenta ejercer sobre los requisitos de Obamacare.
“El fallo de la Corte Suprema a favor de preservar estos servicios no terminará con el problema”, dijo Andrew Pincus, socio del bufete de abogados Mayer Brown, quien presentó un escrito amicus en apoyo de los mandatos en nombre de la Asociación Estadounidense de Salud Pública.
Pincus, al hablar en la conferencia de Protect Our Care, predijo que la Corte Suprema probablemente diría, “que el Secretario de HHS tiene cierta autoridad para supervisar cómo opera el grupo de trabajo y las decisiones que toma”.
“Entonces, la pregunta será, ¿seguirá el HHS la ciencia y mantendrá las recomendaciones del USPSTF, o tomará un curso diferente?”, dijo.
CNN se ha comunicado con el HHS para solicitar comentarios.
La demanda fue presentada al final de la primer Gobierno de Trump por una empresa de Texas y otros individuos que no querían ofrecer cobertura de ciertos servicios preventivos, incluidos los medicamentos PrEP para el VIH, debido a sus objeciones religiosas y morales a esos tratamientos.
Están representados por Jonathan Mitchell, un conocido abogado conservador que ha estado involucrado en otras disputas de guerra cultural en los tribunales, incluido un caso significativo de aborto en la Corte Suprema, y que representó a Trump cuando era candidato presidencial en un desafío al intento del estado de Colorado de eliminarlo de la boleta.
Las reclamaciones de libertades religiosas de los impugnadores se separaron en procedimientos distintos. La disputa ante la corte este lunes se centra en una cláusula constitucional conocida como la Cláusula de Nombramientos, que establece el papel del presidente y el Senado en el nombramiento y confirmación de funcionarios que ejercen un poder gubernamental significativo.
Los tribunales inferiores estuvieron de acuerdo con los argumentos de los impugnadores sobre la Cláusula de Nombramientos, pero solo en lo que se aplicaba a una de las tres entidades diferentes que emiten las recomendaciones que se convierten en mandatos de cobertura preventiva bajo Obamacare.
Mientras la Corte Suprema evalúa la constitucionalidad del grupo de trabajo, otra ronda de litigios continuará ante el juez de distrito de EE.UU. Reed O’Connor sobre los mandatos basados en las recomendaciones de la ACA de las otras dos entidades, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización y la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que proporciona pautas sobre atención preventiva para mujeres y niños, incluidas visitas anuales y una variedad de exámenes.
Esos procedimientos se centran en preguntas procedimentales sobre esos mandatos, en lugar de si el papel de esas entidades en el proceso era constitucional.
Fuera de la sala del tribunal, sin embargo, Kennedy ha sido particularmente crítico con el ACIP, el comité que supervisa las recomendaciones de vacunas.
El secretario ha acusado al panel —normalmente una asamblea de pediatras, expertos en vacunas y otros médicos— de estar demasiado cerca de los fabricantes que desarrollan esas vacunas. Como secretario, podría remover y reemplazar a los miembros del comité.
En la disputa que los jueces escucharán este lunes, el procurador general de EE.UU. y los opositores de Obamacare debatirán sobre el papel que desempeña el secretario de HHS en decidir cuáles de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos se convierten finalmente en mandatos de cobertura.
Los impugnadores argumentan que el secretario prácticamente no tiene voz en el asunto, y por lo tanto, el grupo de trabajo está actuando como un llamado “funcionario principal” que debería haber sido nombrado por el presidente y confirmado por el Senado.
El Gobierno argumenta en sus informes que los miembros del grupo de trabajo son lo que se conoce como “funcionarios inferiores” y que el “secretario, no el Grupo de Trabajo, es en última instancia responsable de decidir qué recomendaciones tendrán un efecto legal final y vinculante”.
El argumento actual del Departamento de Justicia es una continuación de cómo el Gobierno de Biden estaba abordando el caso, y “es igual de legalmente apropiado” ahora, dijo Nicholas Bagley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan que se especializa en derecho administrativo y de salud.
“Pero el valor ideológico ha cambiado, porque se le está otorgando el derecho a tomar decisiones importantes sobre servicios preventivos a alguien que tiene opiniones médicas muy alejadas de la corriente principal”, dijo Bagley.
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