Así es “Doralzuela”, la ciudad con más inmigrantes venezolanos que se une al programa de control migratorio de Trump
Por CNN en Español
Doral es una pequeña ciudad en Florida, Estados Unidos. Según estimaciones oficiales recientes, su población no supera los 80.000 habitantes, y de ellos la gran mayoría (prácticamente 7 de cada 10) es de origen latino.
De esta presencia latina apabullante en Doral, la que más destaca es la de Venezuela: con alrededor de 27.000 inmigrantes de ese país sudamericano, tiene la mayor población de inmigrantes venezolanos de Estados Unidos.
A pesar de la retórica negativa de Trump en contra de la migración, “Doralzuela” (como se conoce popularmente a la ciudad) se pintó de rojo en apoyo al Partido Republicano en las elecciones federales de 2024.
Doral es ahora parte de la campaña del Gobierno federal contra la migración hacia EE.UU., luego de que el Ayuntamiento de la ciudad aprobara un acuerdo con la administración de Trump que autoriza a las fuerzas del orden locales a realizar funciones que normalmente corresponden al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En este suburbio ubicado a las afueras de Miami, lo que tenemos es un lugar donde el español y las arepas son cosas del día a día.
Pero también es el hogar de miles de hombres y mujeres que, por múltiples razones, ahora viven en Estados Unidos, lejos de casa.
Quienes principalmente han llegado a Doral son latinos y, de manera particular, venezolanos.
De acuerdo con las Estimaciones a 5 años de la American Community Survey 2019-2023, cuyos datos se publicaron en diciembre del año pasado, la población total de Doral es de 76.490 personas.
De este total, 71 % (es decir, 54.090) es gente que nació en otro país diferente a EE.UU.
Por tanto, Doral es una ciudad en Florida que está repleta de extranjeros. Y no de cualquier nacionalidad, sino latinos, ya que de los 54.090 extranjeros, el 66,5 % (o 50.872) son personas que nacieron en América Latina.
Ahora bien, de los 50.872 latinoamericanos en Doral, se estima que 41.217 personas son de Sudamérica, y de ellas 27.000 son inmigrantes de Venezuela.
En resumen, las estimaciones anteriores nos indican tres cosas sobre la presencia de América Latina en Doral:
- 7 de cada 10 personas en Doral son latinas
- 5 de cada 10 personas en Doral nacieron en Sudamérica
- Y 3 de cada 10 personas en Doral provienen de Venezuela
La comunidad venezolana solía visitar el restaurante El Arepazo para conmemorar hitos importantes, pero eso ha cambiado desde que Trump llegó al poder por segunda vez en enero y desató su campaña masiva sobre la inmigración.
El miedo se ha apoderado de muchos inmigrantes en Doral, pues el Gobierno de Trump ha apuntado a la deportación de miles de venezolanos mediante el fin de programas federales como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el parole humanitario . De momento, ambos programas siguen en pie gracias a desafíos judiciales.
Ese sentimiento es un cambio radical a lo que se vivía en el contexto de las elecciones 2024.
Los venezolanoestadounidenses contribuyeron a la contundente victoria de Trump en Doral, donde su margen de victoria aumentó aproximadamente 20 puntos porcentuales entre 2020 y 2024. Los votantes de la comunidad expresaron su aprecio por la línea dura de Trump ante los abusos del gobierno en su país de origen y no esperaban que deportara a sus familiares.
Es el caso de Noel Ginestra. Él votó por Trump en noviembre del año pasado, pero ahora su hermana, quien es beneficiaria del TPS, enfrenta una posible deportación. Si bien Ginestra aún apoya al presidente de EE.UU., expresó su decepción sobre la posible eliminación de ese programa.
“Lo apoyé, pero nos decepcionó que decidiera cancelar el TPS”, dijo Ginestra, refiriéndose a los venezolanos. “Nos molestó que metiera a todos en el mismo saco”.
La preocupación por la decisión de Trump sobre el TPS es particularmente aguda en Doral, que ha experimentado un crecimiento poblacional significativo en los últimos años, gracias en parte a los 27.000 inmigrantes venezolanos que ahora representan más de un tercio de su población. Uno de sus principales empleadores es el resort de golf de Trump en Doral, que ha visitado en múltiples ocasiones como presidente.
A pocos minutos del campo de golf, los venezolanos acuden a El Arepazo no solo por sus arepas, sino también por un recuerdo de su hogar.
No obstante, los recuerdos quedan atrás en medio de la campaña sobre la migración de Trump, que esta semana se volvió aún más agresiva (y despierta un mayor miedo) en Doral.
El Ayuntamiento de Doral votó unánimemente el miércoles para aprobar un acuerdo con el Gobierno federal que autoriza a las fuerzas del orden locales a realizar funciones que suelen ser de ICE.
El controvertido programa 287(g) de ICE permite que agentes de policía sean designados para llevar a cabo ciertas actividades de control migratorio, como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, así como para “cumplir y ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias”, según un comunicado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicado en febrero.
En la reunión del consejo del miércoles, los funcionarios municipales expresaron su dolor por la aprobación, pero declararon que, según la ley estatal, estaban obligados a inscribirse en el programa de ICE.
“Aprobar esto es doloroso para todos. Todos somos inmigrantes. Yo soy inmigrante. Todos aquí tenemos familias que provienen de diferentes lugares donde, en este momento, hay un gran sufrimiento”, declaró el fiscal municipal Lorenzo Cobiella en la reunión.
“Sin embargo, todos juramos defender y proteger la ley”, continuó. “Y en este caso, tenemos muy poca discreción sobre lo que podemos hacer. El estado nos obliga a tomar ciertas medidas y, si no las tomamos, nos amenazan con sanciones penales”.
Adelys Ferro, presidenta del American Venezuelan Caucus, dijo ante el consejo que la decisión de aprobar el acuerdo sentaba un precedente peligroso para la comunidad latina en la ciudad.
“La decisión de la ciudad de Doral de alinearse con ICE marca un cambio peligroso que amenaza la seguridad, la dignidad y la confianza de las mismas personas que construyeron esta comunidad”, comentó.
“Convertir la Policía de Doral en un brazo de la Policía federal de inmigración destruye la confianza. Cuando la gente le teme a la Policía, no denuncia los delitos. Las víctimas guardan silencio, los testigos desaparecen y todos estamos menos seguros”, dijo. “La Policía está aquí para proteger y servir, no para discriminar ni deportar. Esta decisión no hace que Doral sea más segura. La vuelve silenciosa, sospechosa y dividida”.
“Lo que hace esto aún más doloroso es que cada uno de ustedes, sentados en el estrado, es inmigrante o hijo de inmigrante; saben lo que significa dejarlo todo por una oportunidad de libertad. Conocen el miedo, la esperanza, el sacrificio, y aun así, hoy le dan la espalda a quienes recorren el mismo camino que sus familias”, agregó Ferro.
En la reunión, durante los comentarios públicos, los residentes de Doral expresaron su preocupación de que esto infunda miedo en la comunidad y advirtieron que las víctimas indocumentadas de delitos optarán por guardar silencio en lugar de denunciarlo.
“Con esta resolución se corre el riesgo de que (los indocumentados) se sientan perseguidos en su propio vecindario”, dijo la residente Zara Karashi.
Amanda Sherlock, inmigrante y ciudadana estadounidense desde hace 13 años, declaró al ayuntamiento que su Departamento de Policía se volvería menos efectivo a la hora de responder a la delincuencia y los problemas locales.
“Se supone que nuestro Ayuntamiento es un organismo no partidista que trabaja para mejorar la vida cotidiana de los residentes de Doral. Delegar a nuestra Policía para que se conviertan en miniagentes de ICE no va a lograrlo”, dijo Sherlock.
Rafael Pineyro, el único concejal venezolano en el consejo de Doral, votó a favor del acuerdo junto con los otros cuatro miembros, todos de origen latino. Pese a votar a favor, dijo que está “destinado a atacar a personas que han cometido delitos”.
“Nadie debería ser atacado por su apariencia ni por el idioma que habla”, declaró Pineyro. “Me aseguraré de que nuestro Departamento de Policía siga actuando con dignidad y defendiendo los derechos de todos en nuestra comunidad”.
La vicealcaldesa Maureen Porras también aseguró a los residentes que no serán atacados de forma generalizada.
“Nos aseguraremos de que nuestros ciudadanos y residentes respetuosos de la ley no se vean afectados negativamente”, declaró.
“Durante nuestras investigaciones por delitos graves o cualquier asunto relacionado, si durante el proceso investigativo se descubre que una persona se encuentra en este país de forma indocumentada, podría enfrentar cargos adicionales”, añadió el jefe de Policía Edwin López. La alcaldesa Christi Fraga informó a los residentes que los agentes continuarán con su labor policial como de costumbre.
“No estamos aquí para convertir a nuestro Departamento de Policía en un arma”, declaró. “No vamos a retirar agentes de nuestras patrullas, ni de la Unidad de Fraude de la Asociación de Propietarios, ni de ciertas unidades que cumplen una función que no nos corresponde cumplir”.
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Con información de Isabel Rosales, Dalia Faheid, Priscilla Alvarez, Casey Tolan, Yahya Abou-Ghazala, Belén Liotti, Tierney Sneed, Angélica Franganillo y Uriel Blanco, de CNN.
